Las entidades financieras, como ya sabemos todos, prestan poco, muy poco. En el caso de la promoción inmobiliaria, ese poco que prestan se concede con unas condiciones considerablemente duras.

Esta situación la están sufriendo directamente las cooperativas de viviendas, que han visto cómo en los últimos años la obtención de financiación se ha convertido en una carrera de obstáculos. Las gestoras tienen que redoblar sus esfuerzos de negociación para obtener préstamos para sus cooperativas, incluso asumiendo riesgos personales que antes eran impensables en el negocio de las gestoras. No obstante y a pesar de las dificultades, este nivel de exigencia tiene consecuencias positivas para el socio cooperativista.

Por ejemplo, los bancos exigen que las cooperativas estén cubiertas al cien por cien para comenzar a estudiar la solicitud de préstamo. Que se cumpla este requisito es la mejor garantía de viabilidad de la promoción.

Además, como ya no se conceden préstamos al suelo, las cooperativas tienen que pagar por sí mismas el suelo donde pretenden edificar sus viviendas. Para los socios, es un esfuerzo importante hacer las aportaciones necesarias para hacer este pago, pero la disminución del precio del suelo que se ha producido de tres años a esta parte, reduce la dificultad. Además, los propietarios admiten más flexibilidad en los pagos, situación impensable hace unos años.

La época en la que el banco financiaba el 80% de la vivienda y el propietario aportaba el 20, ha pasado a la historia. Ahora, el importe financiado ronda el 60%. El esfuerzo hasta la entrega de la vivienda es grande, pero la hipoteca resultante es mucho más reducida y, por tanto, más fácil de amortizar.

Ahora, cuando una entidad concede un préstamo promotor, es porque tiene absolutamente todas las garantías de que esa promoción se va a construir y va a llegar a buen término. Si les cabe alguna duda, simplemente no financian. Si ellos están seguros, el cooperativista también.